Presupuesto

El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más altos per cápita de nuestro país. La Ciudad cuenta con capacidad de recaudación propia, y por tanto no depende para su funcionamiento de las transferencias que se realizan desde el presupuesto nacional para la ejecución de determinados programas federales. Aproximadamente, el 80% de los recursos de cada ejercicio corresponde a la previsión de ingresos proveniente del impuesto sobre los Ingresos Brutos, contribuciones sobre inmuebles y Patentes de Vehículos. La distribución de los ingresos que se refleja en los montos asignados a cada uno de los organismos públicos, y a sus distintos programas y actividades, depende del diseño y de las prioridades que el gobierno local asigna a cada política pública. Pero, aunque se sostiene repetidamente que los presupuestos públicos son un reflejo de las prioridades reales de un gobierno, existen obligaciones normativas que deberían tenerse en cuenta a la hora de la elaboración y ejecución de los presupuestos, que limitan la libre discrecionalidad en la determinación de esas prioridades.

Según el último censo nacional, la población de la Ciudad se mantiene estable en casi 3 millones de habitantes, mientras que el presupuesto central ha aumentado 243% en 5 años. Sin embargo, los indicadores socioeconómicos de la CABA no se corresponden con este aumento exponencial del presupuesto, por lo que nos cabe preguntarnos cómo se distribuyen los recursos y en qué obras se invierte. Cabe mencionar como ejemplo que mientras la población total de la ciudad se mantuvo estable en la última década, la población en villas aumentó un 50% en el mismo período.

El análisis del presupuesto desde una perspectiva de derechos provee una evidencia poderosa sobre las prioridades reales de los gobiernos y sus políticas públicas, generando información valiosa que  puede  ser  usada  por  las organizaciones de la sociedad, por los organismos públicos y por la ciudadanía para participar activamente en la discusión sobre la distribución de los recursos públicos. A su vez, el análisis del presupuesto también resulta útil en el marco de acciones judiciales y administrativas iniciadas en reclamo del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, refutando las genéricas excusas alegadas por el Estado con relación a la falta de recursos.

El análisis presupuestario permite observar  cómo se asignan los recursos en la política habitacional así como el peso que se otorga a los diferentes programas que la conforman, dando cuenta de las perspectivas predominantes y las  prioridades de las diferentes gestiones en la materia. En este sentido, el presupuesto y su ejecución reflejan el alcance que podría tener la política, constituyendo una de las claves para conocer en qué medida los recursos económicos disponibles permiten efectivizar derechos que fueron reconocidos.

La lectura longitudinal del presupuesto asignado a los programas de vivienda y hábitat de la Ciudad de Buenos Aires muestra que los primeros ajustes del periodo 2005-2016 tuvieron lugar en el año 2007, cuando el presupuesto total de la política habitacional se redujo con respecto al año 2006. En ese ajuste los programas más afectados habían sido el de Autogestión de la Vivienda, Rehabilitación Colonia Sola y Rehabilitación de los Conventillos de La Boca, a los que no se les asignó financiamiento específico.

A partir del año 2008 se modificaron las asignaciones específicas de cada organismo y programa. Por un lado, las operatorias tradicionales del Instituto de la Vivienda de la ciudad fueron perdiendo espacio, mientras que se le otorgó un peso mayor a los programas habitacionales orientados a financiar la demanda. De este modo, programas como “Viviendas Colectivas con Ahorro Previo”, se constituyeron en las operatorias de mayor peso del organismo; mientras que programas como el de “Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios” (PRIT), fueron disminuyendo su importancia, hasta llegar a tener una presencia virtual. Sin embargo, durante el mismo periodo, la ejecución presupuestaria de ambos programas fue baja, llegando al 21,1% en el programa “viviendas con ahorro previo” y el 0,6% en el PRIT  durante el 2010, año en el que el IVC sólo devengó el 36% del presupuesto total que se le había asignado.

En el presupuesto para 2018 se destinan $9.233.381.983 a la Función Vivienda. Este monto representa el 4,1% del presupuesto total de la Ciudad. Durante la última década se produjo un sostenido descenso de la partida asignada a la Función Vivienda, con excepción del año 2017 donde representó el 5.1%. Sin embargo, para el 2018 se aprobó un presupuesto para el área que representa porcentualmente un 1% menos que para el año anterior con respecto al presupuesto total de la Ciudad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales publicados por el GCABA.

Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)

El presupuesto asignado al IVC ha ido disminuyendo desde el año 2013 al año 2016, no sólo en los créditos sancionados y vigentes, sino en las ejecuciones, a excepción del año 2017 que representó un aumento de 288% con respecto al 2016.
En el presupuesto 2018 se asignan al Instituto $6.018.053.508, que representa una caída con respecto al año anterior de 24% a precios constantes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales publicados por el GCABA.

Del presupuesto total del IVC para 2018, $4.830.000.000 corresponde a la realización de obras. En el 2017 se destinan $6.017.638480, lo que representa una caída del 18% con respecto al proyecto para el próximo año.

El IVC cuenta con tres objetivos estratégicos para el 2018:

1. Promover la integración socio-urbana de barrios vulnerables. El objetivo es integrar 7 barrios a la ciudad formal, garantizando el acceso a la vivienda digna y promoviendo el acceso la infraestructura y servicios. Dichos barrios son: Fraga (Playón de Chacarita), Barrio 20, Rodrigo Bueno, Lamadrid, Acumar, Carrillo y Barrio 1-11-14.

2. Llevar adelante el plan de rehabilitación integral de conjuntos habitacionales. El plan de rehabilitación integral interviene en aquellos conjuntos urbanos que están judicializados o tienen emergencia edilicia. La estrategia de intervención se divide en 3 partes: mantenimiento y emergencias, mejoramientos e infraestructura y regularización dominial.

3. Fomentar el acceso de clase media a la vivienda a través de créditos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales publicados por el GCABA.

El programa que mayor asignación presupuestaria presenta y acorde con los objetivos para el 2018, es el PRIT (Programa de Reintegración, Integración y Transformación de Villas) con un monto de $2.920.080.000. Pero si realizamos una comparación con el presupuesto vigente 2017 ajustado por inflación, presenta una caída de 18%. Del presupuesto de villas, la totalidad corresponde a obras.

El presupuesto otorgado a la realización de obras en villas se distribuye según el siguiente detalle:

-Villa 20: $1.297.993.000. Representa una caída de 35% con respecto al 2017.
-Rodrigo Bueno: $694.000.000. Representa un aumento de 266% con respecto al 2017.
-Playón de Chacarita: $746.500.000. Representa una caída del 15% con respecto al 2017.
-Villa 1-11-14: $55.887.000. No tiene asignada partidas para el presente año.
-Mantenimiento en barrios carenciados: $85.000.000. No tiene asignada partidas para el presente año.
-Barrios correspondientes a Acumar: $40.700.000. Representa una caída del 33% con respecto al 2017.

El segundo programa que presenta mayor asignación es un programa nuevo, Demanda General, que tiene asignado $1.292.718.000. Según la descripción de este programa, es el mismo que históricamente se llamaba Viviendas Colectivas con Ahorro Previo. Si comparamos con año 2017, se produce una caída de 26%.

El tercer programa que mayor asignación tiene en el IVC son las Actividades comunes ($846.928.508) que incluye, entre otras actividades de coordinación de programas, el programa de Regularización dominial y de Alquiler Social. En este caso, el presupuesto aumenta un 29% con respecto al presente año.

El programa de la Ley 341/964, tiene asignado $179.600.000. En este caso, la disminución del presupuesto es de 55%.

Los otros dos programas que presentan reducciones del presupuesto son el de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que tiene asignado para el 2018 $527.102.000 y presenta una caída de 58% y el de Rehabilitación La Boca, con una asignación de $58.700.000 y una reducción de 72%. En este último caso, resulta preocupante semejante disminución teniendo en cuenta las condiciones habitacionales del barrio de La Boca y la situación de emergencia edilicia en la que se encuentra, no sólo por los incendios que reiteradamente se producen en los conventillos y viviendas precarias, sino también por las condiciones de infraestructura deficitaria del barrio.

Para el 2018, se incluye un programa nuevo, el de Microcréditos, con un monto asignado de $60.000.000. Según la descripción enviada por el GCBA, el programa se encuentra destinado a brindar financiamiento a grupos familiares y/o Consorcios debidamente constituidos que habiten o administren, respectivamente, viviendas comprendidas en procesos de reurbanización de villas o asentamientos precarios y en complejos habitacionales donde el IVC detente titularidad registral. El objetivo es realizar reparaciones, refacciones, mejoramientos, puesta en valor y/u obras complementarias de viviendas de ocupación permanente y/o sectores de propiedad común en los complejos.

Por último, con respecto a los créditos que surgen de los objetivos del IVC como de carácter prioritario, cabe destacar que la Ciudad adhirió al PROCREAR para implementar este tipo de créditos, pero si analizamos el presupuesto nacional destinado a este programa, podemos observar que el monto para el 2018 disminuye con respecto al 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales publicados por el GCABA.