Información general





Información general para desalojos

Según los datos del censo de población, hogares y vivienda, en el año 2010 había 103.963 personas que habitaban en inquilinatos, hoteles pensión o casas ocupadas, es decir en alguna las modalidades que, por la posibilidad de desalojo, implican riesgo de situación de calle. Si bien el número de desalojos viene creciendo desde el año 2004, se incrementaron a partir del año 2009, cuando el poder ejecutivo del gobierno local vetó los artículos de la Ley de Emergencia Habitacional (1408 del año 2004) vinculados a esta problemática. En este sentido, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) estimó a partir del número de subsidios otorgados que entre los años 2007 y 2010 hubieron 5.000 personas promedio desalojadas por año.

La política pública para las personas en situación de calle, involucra acciones parciales y transitorias, más orientadas a la atención de la emergencia que a la búsqueda de soluciones permanentes. Esto favorece la formación de círculos de vulnerabilidad, en los que las personas están expuestas de manera permanente a situaciones de riesgo habitacional. En la actualidad la política para las personas en situación de calle es implementada por la Dirección General de Atención Inmediata, que se encuentra en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a través de cuatro programas: Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social; Asistencia Integral a los Sin Techo; Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social; y Asistencia Socio-Habitacional.

La cantidad de titulares del Programa Atención para Familias en Situación de Calle es de 7.936 desde 2015 y 684 se incorporaron este año (al 31/05/2018). Existen 2.328 plazas disponibles en la red de Hogares y Centros de Inclusión. Desde enero de 2015 hasta mayo de 2018 se alojaron un promedio mensual de 300 niñas, niños y adolescentes en los distintos dispositivos que integran la Red de Hogares y Centros de Inclusión.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó en su Observación General Nº7 una serie de principios básicos y lineamientos para la realización de desalojos forzosos, que buscaban proteger a los expulsados de abusos y garantizar que su derecho a la vivienda no sea vulnerado. Sin embargo, estos lineamientos no son respetados. En 2014, el desalojo del Barrio Papa Francisco puso en cuestión procedimientos policiales, que se hacen de noche o madrugada y en los que se expulsa a los ocupantes sin garantizarles el acceso a una vivienda, pretendiendo solucionar dicha problemática con un subsidio para alquilar por tiempo limitado una habitación en un hotel pensión.

En abril de 2017, un conjunto de organizaciones, impulsadas por Proyecto 7, se reunieron para realizar el Primer Censo Popular de gente en situación de calle. El censo se realizó del 8 al 15 de mayo y arrojó como resultado que 6.142 personas se encuentran en situación de calle y otras 20.000 en riesgo de estarlo, mientras las últimas cifras oficiales sostienen que se tratan de 1066.

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